Las partidas de respaldo social crecen un 28% en el presupuesto de 2020

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Las partidas de respaldo social crecen un 28% en el presupuesto de 2020

#Hacienda 30/07/2020

El escenario que se dibuja en el año 2020 tras el Estado de Alarma obliga a las administraciones locales a realizar un esfuerzo añadido al que venían realizando en los últimos años. El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache asume en los presupuestos para este ejercicio esta responsabilidad con un crecimiento de casi el 28% en las diversas partidas de ayudas social.

En total, el presupuesto de las distintas áreas sociales del Ayuntamiento se eleva a 3.029.561,31, lo que supone el 14,5% de total del presupuesto municipal. Destaca especialmente la cantidad destinada a las distintas líneas de ayuda social, que se eleva a 543.000 euros, lo que supone 150.000 euros más que en 2020.

En estas ayudas se incluyen las ayudas sociales directas, que alcanzar los 360.000 euros, frente a los 256.000 que se destinaron en 2019. También aparecen en este apartado los programas para familias en riesgo de exclusión, alquileres sociales, moneda ossetana, con un incremento de casi 70.000 euros.

En este capítulo social del presupuesto se pretende ofrecer recursos para garantizar que todos los colectivos cuenten con las mismas oportunidades. El acceso a una vivienda digna es una de las apuestas que incluye partidas de más de 75.000 euros; 15.000 euros para el servicio de información a la mujer; 10.000 euros para los programas de apoyo al colectivo Lgtbi; otros casi 15.000 euros para políticas de reinserción social de diversos grupos; más de 60.000 euros para dinamización y asociacionismo de mayores o 12.000 euros para dinamización juvenil y ocio joven.

«Las personas son el objetivo de nuestras políticas y es nuestras obligación, con los recursos de los que disponemos, garantizar que nuestros vecinos y vecinas pueden salir adelante a pesar de la compleja situación que ha provocado la pandemia del Covid_19», indicó Fernando Zamora. El alcalde pidió un esfuerzo a todas las administraciones para garantizar la cobertura social como se ha realizado con la aprobación de Ingreso Mínimo vital.