El Ayuntamiento estudia dos vías de acción legal contra Caja Rural del Sur por el desahucio ejecutado

Centro-civico-p

El Ayuntamiento estudia dos vías de acción legal contra Caja Rural del Sur por el desahucio ejecutado

#Proteccion a la vivienda 14/06/2018

El alcalde, Fernando Zamora, ha puesto a disposición del vecino el asesoramiento de la Oficina de la Vivienda

El pasado 5 de junio la entidad bancaria Caja Rural del Sur ejecutaba el desahucio de un vecino de San Juan de Aznalfarache que residía en la Avenida de Palomares. Desde esa fecha el Ayuntamiento ha estudiado con detenimiento las vías legales de las que dispone para actuar contra la entidad al considerar que se trata de un desahucio injusto.

Tras las consultas realizadas se han abierto dos líneas de trabajo en las que se avanza de manera paralela, ambas amparadas por la legislación vigente en materia de protección de la vivienda. La primera de las líneas debe iniciarla el propio desahuciado, aunque el Ayuntamiento ya ha puesto a su disposición el asesoramiento legal a través de la Oficina de Protección a la Vivienda que funciona en el municipio desde hace varios años.

El vecino desahuciado podrá solicitar la expropiación del uso de la vivienda una decisión que debe tomar la delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Los expertos jurídicos consultados consideran que este caso reúne las condiciones para solicitar esa expropiación más aún al considerar que la vivienda va a permanecer deshabitada.

La otra línea de trabajo corresponde al Ayuntamiento que podrá iniciar un procedimiento sancionador contra la entidad bancaria que podría concluir con la imposición de una sanción e incluso con la prohibición temporal a la entidad para participar en promociones públicas de viviendas.

Este desahucio se había logrado parar hace aproximadamente un año con el compromiso de Caja Rural de negociar un alquiler social, un camino en el que no ha dado ningún paso según explicó la delegada de Protección a la Vivienda, María José Quesada. El vecino desahuciado, con arraigo en San Juan, tiene una discapacidad y está pendiente de recibir una pensión con la que habría podido hacer frente al alquiler social. Además, el Ayuntamiento se comprometía a hacer frente al pago del alquiler social entretanto se solventaba su situación económica.

Según explicó Quesada, la intención de Caja Rural es vender la vivienda a un fondo buitre para lo que alega que esta persona no cumple los requisitos que contempla el Real Decreto Ley de medidas de protección a los deudores hipotecarios sin recursos. En este sentido, la delegada de Protección a la Vivienda considera que se estaban ofreciendo a la entidad bancaria las garantías suficientes para que aceptase la realización de un alquiler social.

El pasado 6 de junio el alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, remitió una providencia para iniciar las gestiones de cancelación de la única cuenta que el Ayuntamiento mantenía en Caja Rural. Esa cuenta ya ha sido cancelada. Esta decisión se adoptó en cumplimiento de un acuerdo plenario y tras la decisión de Caja Rural de ejecutar el desahucio de este vecino.

 

Información sobre las consultas realizadas en la Oficina de Protección a la Vivienda.